The Economist, May 1st, 1999: "Scandal hit Chile's judiciary after a former Supreme-Court president won a court order to seize a book revealing links between judges and the Pinochet regime. Then a son of one of the few officers jailed for the crimes of the dictatorship revealed further links".

El Libro Negro de la Justicia Chilena Palabras Preliminares Cap. I - El poder degradado Cap. II - La era Rosende Cap. III - De la Real Audiencia al golpe de Estado Cap. IV - Los ritos del poder Cap. V - Docudrama en cinco actos Cap. VI - La hora de la reforma

INDICE GENERAL

Indice del Capítulo I - El poder degradado - - Secretos de Palacio - Los amigos de Aylwin - El viaje de "Torito" - Las primeras batallas de Aylwin - Cuánto tarda en escribir un juez - La vara con que mides - El peso del Informe Rettig - Las rabietas de Correa - El delfín de Krauss - El astuto Lionel Beraud - Cereceda y la querella de los membrillos - Los misterios de la Tercera Sala - El descarriado Jordán - El corto reinado del sagaz Aburto  

Indice del Capítulo II - La era Rosende - En la facultad de Derecho - Tiempo de perpetuar - Vientos de cambio - El año de Jaime del Valle - El debut del Decano - La disidencia judicial - Cuando el magistrado decide hacer justicia - La visión crítica de los académicos - Las causas económicas - El apogeo del fiscal Torres - Una crítica a la justicia militar - La "ley caramelo"

Indice del Capítulo III - De la Real Audiencia al golpe de Estado - El queso y la balanza de la justicia - La justicia en la Colonia - Fin de la Real Audiencia - Justicia republicana - Una "acusación constitucional" - Politización, decadencia y corrupción - Manu militari - Décadas de olvido - La huelga "larga" - Justicia "popular" - La Corte Suprema en la antesala del golpe

Indice del Capítulo IV - Los ritos del poder - Un microbús del Ejército - La rutina ceremonial - Primer Aniversario - La hora de la razzia - La increíble historia del juez Acuña - Un curco quedó en la Historia

Indice del Capítulo V - Docudrama en cinco actos: Justicia y Derechos humanos - Consejos de Guerra: el primer renuncio - Cinco mil recursos de amparo - Secuestro en la cárcel - Las visitas de Eyzaguirre - Historia alucinante en Villa México

Indice del Capítulo VI - La hora de la reforma - La obra de Soledad - Jordán, presidente - La fuerza de la costumbre - Nueva corte, viejas prácticas - Los pobres y los poderosos - Idea de la Justicia

Capítulo IV

Los ritos del poder

Un microbús del Ejército

El presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, se levantó de madrugada el 11 de septiembre de 1973. Muy lejos de su departamento en calle Lota, su chofer, un hombre enjuto y de modales medidos, salía del sueño antes de las seis de la mañana. Como de costumbre, a las siete el funcionario salió de su casa para llegar a las ocho en punto al departamento del magistrado.

El empleado, como la gran mayoría de los chilenos, desconocía a esa hora que sería un día especial. Pero no lo ignoraba Urrutia quien, al ver llegar a su chofer, le advirtió que esta vez no usarían el auto.

Mientras esperaba, el funcionario oyó que el ministro hablaba por teléfono. El magistrado había conseguido que el comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, le enviara a su casa un bus militar.

Minutos después, un chofer y dos soldados designados como escoltas aparecieron en una micro de la institución. El ministro y su empleado abordaron el inusual vehículo e iniciaron un recorrido por las casas de algunos de los trece magistrados que componían el máximo tribunal, con quienes Urrutia ya se había puesto de acuerdo telefónicamente. Luego, se dirigieron hacia el Palacio de los Tribunales.

"Al llegar al centro, frente a la Iglesia Santo Domingo, nos comenzaron a disparar desde algún techo. Nos tuvimos que tirar al suelo", 1 recuerda el funcionario.

El militar que conducía aceleró. Los jueces, sus dos escoltas y el empleado de Urrutia se tendieron en el suelo para protegerse de las balas. Con algunos vidrios rotos, pero sin heridos, la micro logró llegar al Palacio de los Tribunales, en Compañía con Bandera. Los ministros se bajaron y se encerraron durante casi dos horas en el auditorium en el segundo piso del Palacio.

El día estaba nublado. A las 11 de la mañana, caía una suave llovizna sobre la capital.

Aunque según los registros de prensa, los ministros de la Corte Suprema no asistieron al tribunal sino hasta el 13 de septiembre, el chofer de Urrutia, casi el único testigo vivo de los hechos, afirma que siete magistrados se reunieron en secreto con Urrutia esa mañana del 11: Eduardo Ortiz, Israel Bórquez, Luis Maldonado, Juan Pomés García, Armando Silva, Manuel Rivas y Enrique Correa.

El mismo día la Junta Militar dictó el Decreto Ley Nº 1, contenido en el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno. El decreto, redactado por el capitán de navío Sergio Rillón, tiene tres artículos. El primero declara que los comandantes se constituían como Junta para asumir el mando supremo de la nación, con el compromiso de restaurar la "Chilenidad", la "Justicia" y la "Institucionalidad" quebrantadas. El segundo, designa al general Pinochet como Presidente de la Junta. El tercero, garantiza "la plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial (...) en la medida en que la actual situación del país lo permita (...)"

Pocos meses después, el ministro Urrutia Manzano, se adelantaría a investir al general con la banda presidencial y pediría a sus colegas la ratificación del acto.

El 11, sólo algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago lograron llegar al centro. No les fue fácil. Apenas se podía caminar. "Las fuerzas militares se habían tomado la ciudad", recuerda uno de los magistrados que se desempeñaba en el tribunal capitalino en ese entonces. "Algunos tratamos de llegar porque pensábamos que habría personas con recursos de amparo, pero después nos dimos cuenta de que, en esas condiciones, era imposible" 2.

Quienes consiguieron acercarse al tribunal tuvieron que regresar a sus casas y permanecieron allí, pegados a la radio, siguiendo los acontecimientos. Otros, como Enrique Paillás, vivían en el centro y pudieron ver desde sus casas el bombardeo a La Moneda.

En provincias, la mayoría de los jueces y ministros no tuvieron problemas para presentarse en sus despachos, salvo el cambio de condiciones políticas.

En la Corte de Apelaciones de Talca los magistrados trabajaron hasta las 12.30. Esa mañana el juez de Menores se presentó ante el presidente de la Corte, el controvertido Sergio Dunlop, y le dijo que había recibido una orden de presentarse al regimiento de Talca, junto a otros dos jueces.

El presidente decidió que no debían concurrir y llamó por teléfono al Jefe de Zona en Estado de Emergencia, teniente coronel Efraín Jañas.

–Entiéndase conmigo, –le dijo y partió rumbo a la oficina del militar, junto a su secretaria. Allí Dunlop advirtió al oficial: "Según mis informaciones, las nuevas autoridades no han ordenado paralizar el Poder Judicial. Así que si tiene peticiones que hacer, hágamelas directamente a mí, que soy el presidente de esta Corte" 3.

El oficial debió asentir. Los jueces fueron citados, pero no detenidos. En contradicción con este predicamento, Dunlop, quien presidía la Asociación de Magistrados, se acoplaría enseguida al grupo de jueces que se manifestaron abiertamente partidarios del régimen militar. Tal vez por eso se le permitió continuar en su cargo de presidente de la Asociación y sería uno de los colaboradores de Urrutia en la confección de listas de magistrados considerados proclives a la Unidad Popular, que fueron destituidos del servicio 4.

Ese día, los ministros de la Corte Suprema regresaron a sus domicilios en el mismo vehículo militar que los trasladó al centro, y aunque la Junta de Gobierno había prohibido a todos los civiles abandonar sus casas, desde las 15 horas del martes 11 y durante todo el día siguiente, el toque de queda absoluto no fue obstáculo para que Urrutia Manzano emitiera una declaración pública el miércoles 12:

"El presidente de la Corte Suprema, en conocimiento del propósito del nuevo gobierno de respetar y hacer cumplir las decisiones del Poder Judicial sin examen administrativo previo (…) manifiesta públicamente por ello su más íntima complacencia en nombre de la Administración de Justicia de Chile y espera que el Poder Judicial cumpla con su deber como lo ha hecho hasta ahora" 5.

El jueves 13 se permitió a los ciudadanos salir de sus casas sólo entre las 12 y las 15 horas. Esa noche, el general Pinochet tomaba juramento a quienes serían sus primeros ministros, en La Escuela Militar.

El titular de Justicia, Gonzalo Prieto Gándara, fue uno de dos civiles nombrados en el gabinete compuesto casi enteramente por uniformados. El abogado de 49 años no era, sin embargo, completamente ajeno al mundo castrense: había sido auditor en la Subsecretaría de Marina en diferentes períodos entre 1943 y 1969 y, luego, abogado coordinador de Asmar, los Astilleros de la Armada.

A poco de asumir, Prieto declararía que el Presidente de la Corte Suprema "se ha portado extraordinariamente bien con la Junta y conmigo y comprendió las justificaciones morales y éticas que tuvieron las Fuerzas Armadas para intervenir en los destinos de Chile". Los objetivos de las nuevas autoridades, decía el ex auditor de la Armada, era respetar la autonomía del máximo tribunal y la "democratización de la Justicia".

Según informó El Mercurio, once ministros de la Corte Suprema se trasladaron el jueves al Palacio de los Tribunales "en un microbús del Ejército debidamente custodiado por personal militar" y, "extraoficialmente", realizaron un pleno en el que acordaron "ratificar la declaración del presidente del Tribunal dado a conocer por los medios informativos del gobierno" y "disponer que los distintos tribunales de Justicia de la Nación continúen cumpliendo sus labores ante la certeza de que la Autoridad Administrativa respectiva les prestará la garantía necesaria en el desempeño normal de sus funciones" 6.

La declaración fue firmada por Enrique Urrutia Manzano, Eduardo Ortiz, Israel Bórquez, Luis Maldonado, Juan Pomés García, Armando Silva, Manuel Rivas, Enrique Correa, Rafael Retamal López, Eduardo Varas Videla y José María Eyzaguirre. Las rúbricas del ex presidente Octavio Ramírez Miranda, y de José Arancibia no ratificaron el pronunciamiento. El mismo día, la Junta de Gobierno difundió el Bando N° 29, cuyo contenido decía escuetamente: "Clausúrase el Congreso Nacional y decláranse vacantes los cargos de los parlamentarios" 7.

El viernes de esa semana, la mayoría de jueces y ministros volvió a sus labores en normalidad. O a una normalidad aproximada.

El sábado 15 en el diario La Tercera apareció un inserto de breve extensión pero extensas consecuencias, por la polémica que generaría más tarde. Decía:

"Nombramiento de los Consejos de Guerra: Se pone en conocimiento de la ciudadanía de que con el fin de acelerar al máximo sustanciación de causas que corresponda incoar a los Tribunales Militares en tiempo de Guerra, la Junta de Gobierno ha delegado en los comandantes de las diversas Zonas Jurisdiccionales la atribución de nombrar los Consejos de Guerra" 8.

A pesar de que eso significaba sacar del ámbito de atribuciones de la máxima autoridad judicial los primeros procesos contra los opositores, las relaciones entre las nuevas autoridades administrativas y el máximo tribunal de la República fueron desde un comienzo cordiales. La mayoría de los ministros opinaba que ahora sí llegaba un gobierno que los entendía, que los respetaría y les daría el lugar que merecían en la sociedad. Se sentían alegres y agradecidos, y en vez de reclamar por la usurpación de funciones, la Corte Suprema inició inmediatamente el despacho de oficios pidiendo aumentos de sueldos.

La rutina ceremonial

La Tercera apareció en la mañana del 25 de septiembre con la primera entrevista al ministro Gonzalo Prieto Gándara.

"Todos los sectores ciudadanos deben estar tranquilos porque se actuará con un criterio técnico-jurídico sabio para que la justicia sea realmente justicia", reflexionaba el titular de Justicia.

Al mediodía, los integrantes de la Junta Militar llegaron al Palacio de los Tribunales, vistiendo sus uniformes de gala. Luis Maldonado Boggiano los recibió en la entrada. Urrutia Manzano los esperaba dentro del edifico. Los saludó con solemnidad y los acompañó mientras subían la escalera de mármol que conduce a la Corte Suprema.

Arriba, las autoridades militares se reunieron con los trece magistrados en pleno. Urrutia expresó satisfacción y recordó que sólo semanas antes habían temido ser "avasallados" por el "antiguo régimen".

AugustoPinochet respondió: "Sin ley no hay justicia" 9. Y agradeció en seguida el que los ministros hubieran reconocido la legitimidad de las nuevas autoridades.

Más tarde, Urrutia encabezaría una delegación de ministros supremos que sostendría una nueva reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno. El tema en tabla eran las reivindicaciones salariales. El gobierno envió al ministro de Hacienda, contraalmirante Lorenzo Gotuzzo, para que se entrevistara con los magistrados y tomara nota detallada de sus demandas.

Por esos días, un vecino del ministro Rafael Retamal López, cercano a sus hijos, visitó su casa en la calle Los Talaveras, en Ñuñoa. El magistrado lucía su eterna boina y se mostró afable con el visitante, que estaba ya en la oposición al régimen militar y que no pudo resistir la tentación de preguntar al magistrado cuál era su posición.

–A los militares hay que darles un plazo para que cumplan lo que han prometido –respondió, enérgico, Retamal–. Ese plazo no puede ser superior a cinco años 10.

Retamal, declaradamente católico en lo religioso y antimarxista en política, se manifestaba próximo a los postulados de la Democracia Cristiana. Su casa, en la que vivía con una nutrida parentela, era alumbrada de noche por los helicópteros que recorrían la ciudad. Era una medida de protección.

Mientras tanto, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, recién reinstalados, comenzaban a recibir decenas de recursos de amparo por personas que estaban desaparecidas, detenidas o habían sido ejecutadas por violar el toque de queda.

Durante los primeros meses posteriores al Golpe de Estado, en conocimiento de tales recursos, la Corte capitalina ordenó a algunos ministros que se constituyeran en recintos destinados a la detención masiva de personas.

Uno de ellos fue Rubén Galecio, quien se constituyó, por orden de la Corte de Apelaciones, al menos cuatro veces en centros de detención. Fue a Investigaciones, a dependencias de la Fuerza Aérea y dos veces al Estadio Chile. Se presentaba exigiendo constatar el estado de prisioneros en favor de quienes sus familiares habían recurrido de amparo. Siempre se le impidió el ingreso y el Ejecutivo respaldó la respuesta de los funcionarios militares, que se escudaban en las disposiciones especiales que regían el Estado de Sitio.

Las protestas en contra de las actuaciones de los militares fueron elevadas, por los propios magistrados afectados, a la Corte Suprema que, sin embargo, los archivó sin más trámites. Contrariamente a como lo hizo con el gobierno de Allende, la Corte no mostró el menor signo de rebelión en contra de la dictadura militar.

Los primeros recursos de amparo fueron rechazados con el pretexto de que no era posible constatar la presencia de los detenidos en los recintos militares.

En enero de 1974 la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago fue asumida por José Cánovas. El ministro estaba agobiado por los recursos que le llevaban los abogados de una incipiente Agrupación de Derechos Humanos (Eugenio Velasco Letelier, Jaime Castillo Velasco), del Comité Pro Paz (predecesor de la Vicaría, al alero del cardenal Raúl Silva Henríquez) y del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

José Cánovas, un ministro de larga trayectoria, estimaba que algunos de los recurrentes abusaban del amparo pero también constató la desidia con que el gobierno respondía a los requerimientos de los tribunales.

Cuando el asunto se tornó grave, Cánovas obtuvo el consentimiento del pleno y pidió una audiencia al ministro del Interior, el general César Bonilla. Le recordó las especiales disposiciones que rigen el recurso de amparo. Las obligaciones del Ejecutivo y los vicios y atropellos en que estaban incurriendo las nuevas autoridades militares.

Bonilla se mostró honestamente sorprendido. En presencia del magistrado, ordenó a sus asesores jurídicos para que despacharan cuanto antes los informes pendientes. El Ministerio despachó unos 300 informes atrasados. Pero la actitud asumida por Bonilla no sería seguida por sus sucesores. La Corte Suprema tampoco respaldó las preocupaciones de sus subalternos.

Aunque en la Corte de Apelaciones de Santiago se instauró una oficina especial para tramitar los recursos de amparo, estos continuaron siendo rechazados masivamente.

Paulatinamente, las cortes de apelaciones dejaron de designar magistrados para que se constituyeran en los cuarteles militares y se limitaron, casi siempre, a enviar oficios a los organismos oficiales. Pasó a ser una suerte e rutina. Del mismo modo se convirtió también en rutina el traslado diario de los ministros de la Corte Suprema al Palacio de los Tribunales en un bus del Ejército.

Primer Aniversario

El 29 de diciembre de 1973, la Corte Suprema celebró su aniversario número 150. Se hizo una ceremonia y un cóctel en el Palacio de los Tribunales en la cual festejaron el acontecimiento los 13 ministros del máximo tribunal y las nuevas autoridades, encabezadas por el general Pinochet.

El 1º de marzo de 1974, prácticamente la misma audiencia se congregó de nuevo para oír el discurso inaugural del año judicial. Era viernes. El país seguía bajo Estado de Sitio. Las detenciones de opositores eran masivas y las denuncias por desapariciones se hacían progresivamente más frecuentes.

En el Segundo Piso del Palacio de los Tribunales, el primer ministro de Justicia del régimen militar, Gonzalo Prieto Gándara; el subsecretario de la cartera, Max Silva; el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán; el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, José Cánovas, y todos los magistrados en ejercicio en la capital lucían formales. Un solo extranjero estaba junto a ellos: el presidente de la Corte Suprema de Hannover (Alemania), Helmut Kovold, según la información de prensa, fue "especialmente invitado".

En la sala de plenarios, EnriqueUrrutia Manzano dio lectura a su discurso. El Mercurio lo publicó al día siguiente bajo el título: "Enérgica y severa exposición del presidente de la Suprema". El ministro advirtió que algunos de sus comentarios los hacía en "términos personales". Como éste:

"Producidos los hechos que ocurrieron el día 11 de septiembre último y de los cuales me ocuparé más adelante, puedo asegurar de una manera enfática que los Tribunales de nuestra dependencia han funcionado en la forma regular que establece la ley, que la autoridad administrativa que rige el país cumple nuestras resoluciones y a nuestros jueces se los respeta con el decoro que merecen. Para el que habla, es muy satisfactorio declarar lo expresado" 11.

Para Urrutia todavía estaba vivo el recuerdo del gobierno "marxista" que "con sus desaciertos y su constante violación de la ley de manera tan manifiesta, tanto en su letra como en su espíritu, había perdido ya la legitimidad obtenida con su elección por el Congreso Nacional" 12.

El ministro defendió al nuevo régimen de las acusaciones por violaciones a los derechos humanos, recordando que el 6 de agosto de 1970, poco antes de que Allende asumiera el gobierno, un grupo de abogados pidió a la Corte Suprema que tomara medidas para evitar abusos, flagelos y maltratos a los procesados en los recintos policiales o en las cárceles. La Corte había investigado las acusaciones y, en menos de veinte días, acogido gran parte de las peticiones. Sin embargo, según Urrutia, los principales firmantes fueron nombrados en altos cargos de gobierno y se olvidaron de las quejas.

Lo que estaba ocurriendo en ese momento en Chile, por lo demás, no era de la gravedad que se reclamaba:

"El Presidente que habla se ha podido imponer de que gran parte de los detenidos, que lo fueron en virtud de disposiciones legales que rigen el Estado de Sitio, han sido puestos en libertad. Otros se encuentran procesados en los Juzgados ordinarios o militares, y con respecto a aquellos que se encuentran detenidos en virtud de las facultades legales del Estado de Sitio en vigencia, se hace un esfuerzo para aliviar su situación de detenidos y clarificar cuanto antes su participación en actividades reñidas con la ley. Es de desear que este esfuerzo pueda terminar cuanto antes con la situación eventual en que se encuentran las familias afectadas" 13.

El Presidente de la Corte Suprema comentó también que había recibido la visita de dos delegados de Amnistía Internacional. Los visitantes le expresaron su preocupación por la indiferencia del Poder Judicial ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos y, particularmente, por la decisión de la Corte Suprema de renunciar a su potestad fiscalizadora sobre los Consejos de Guerra, que ya habían ordenado la ejecución de numerosos detenidos.

Urrutia dijo que les hizo presente a los delegados "lo infundado" de sus preocupaciones. Si se habían registrado ejecuciones, encontraban su pleno fundamento en las leyes vigentes en Chile y éstas armonizaban plenamente con "los compromisos internacionales sobre derechos humanos". Lamentó el ministro que, más tarde, el informe de Amnistía no incluyera sus opiniones: "Se prefiere dar crédito a rumores anónimos o a consignas interesadas". Los derechos humanos, alegó, son "respetados en nuestra patria".

Un segundo capítulo demandaba mejoras económicas. Para graficar los apremios en que vivían los jueces, citó el caso de seis o siete supremos jubilados que recibieron como pensión un cheque de cero escudos:

"El presidente de la Honorable Junta de Gobierno, en conocimiento de este desorden, dio un plazo perentorio de tres días para que se normalizara el pago de pensiones a los ministros jubilados. Y cosa curiosa, dentro de los tres días dicho pago quedaba formalizado. Por supuesto, que gracias a la intervención personal del general señor Pinochet" 14.

Urrutia reclamó una nueva cárcel pública, un departamento de bienestar, nuevos juzgados, más casas para magistrados. Casi ninguna fue satisfecha por el gobierno militar. Citemos únicamente el caso de la cárcel pública, cuya sede, hasta no hace mucho, funcionaba en General Mackenna con Teatinos. En el viejo edificio no se practicaron siquiera reparaciones menores, y como signo de su decrepitud recuérdese la espectacular fuga protagonizada por varias decenas de presos políticos, a comienzos de 1990, gracias a lo fácil que les resultó excavar un túnel subterráneo que los llevara a la libertad.

La Junta Militar dio algunas compensaciones materiales a los magistrados, pero éstas fueron principalmente simbólicas.

Según el profesor Carlos Peña, la Corte Suprema encontró en los militares un aliado en sus temores frente a la sociedad civil. "Ambos se autoperciben como sectores excluidos, postergados, incomprendidos y sometidos al deseo de instrumentalización".

El gobierno militar se encargó de hacer participar al Poder Judicial "en los ritos del poder –aunque no en el poder mismo– y, de esa manera, ambos se satisfacen mutua y simbólicamente: el Poder Judicial percibe que por primera vez se le hace salir de su exclusión pública y las Fuerzas Armadas revalidan sus débiles lazos de legitimidad con la antigua República" 15.

Gracias a tales gestos, la Corte Suprema sentía que, por primera vez, se le daba rango de "poder" del Estado.

Por estas razones el ministro José María Eyzaguirre aceptó gustoso acompañar a los abogados Julio Durán y Alejandro Silva Bascuñán, en una gira política por Europa organizada para explicar las razones y fundamentos del "pronunciamiento militar".

La hora de la «razzia»

Mientras los ministros de la Corte Suprema no ocultaban su embeleso con el sabor del triunfo de las Fuerzas Armadas sobre el gobierno izquierdista, buena parte de sus subalternos se sumían en el miedo y la paranoia. Los magistrados en las cortes y en los juzgados sabían que sus opiniones y sus fallos serían analizados políticamente. Los ascensos, bastante difíciles, serían reservados para los incondicionales.

La figura de Sergio Dunlop, en la Asociación de Magistrados cobraba la faz temible del vencedor para quienes lo habían enfrentado en las luchas gremiales. Se preparaban las listas negras. Los jueces tuvieron que someterse sin chistar a que sus sueldos fueran incorporados a Escala Unica vigente para los empleados públicos. Cualquier demanda que no fuera patrocinada por el más alto tribunal podía ser objeto de reprensiones.

En 1974, la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo la presidencia de José Cánovas, envió a Pinochet un oficio solicitando una escala especial para el Poder Judicial. AugustoPinochet llamó a Urrutia y le pidió explicaciones. El presidente de la Corte Suprema le dijo que le devolviera el oficio sin contestar, pues él se encargaría de dar cuenta en el pleno. Habría que sancionar tamaño atrevimiento.

Enrique Urrutia Manzanose encontró con Cánovas en las cercanías de la Corte y lo regañó. Le dijo que el tribunal de alzada había atropellado el principio de jerarquía al dirigirse directamente a Pinochet, sin consultar previamente a la Corte Suprema.

Cánovas tuvo suerte. Cuando Urrutia expuso la situación al pleno, los supremos acogieron el reclamo de la Corte de Apelaciones y decidieron reenviar el oficio, ahora con sus firmas, a la Junta. Pero el gobierno, que para estos asuntos se entendía directamente con Urrutia, consideró que el respaldo de éste era suficiente para rechazar el petitorio.

Los que no tuvieron suerte ninguna fueron los jueces catalogados de izquierdistas. En uno de los párrafos de su primer discurso, Urrutia admitía entre líneas la razzia que se estaba registrando al interior de la judicatura. Dijo que las calificaciones correspondientes a 1973 se estaban realizando de acuerdo con nuevos procedimientos establecidos en decretos leyes. "Algunos", dijo Urrutia usando un eufemismo, fueron "separados" del Poder Judicial 16.

Fue una escueta admisión pública de actos que fueron planificados en reuniones privadas.

Recién asumido, el gobierno militar expresó a la Corte Suprema su molestia con los empleados del Poder Judicial que consideraba marxistas. Entre 1973 y 1975, más de 250 magistrados y funcionarios fueron trasladados, removidos u obligados a renunciar, según un estudio realizado por el Colegio de Abogados en 1986. Entre ellos, unos veinte fiscales y ministros de las cortes de Apelaciones; más de cincuenta jueces, secretarios de juzgados, relatores y secretarios de Corte; y unos 180 miembros del Escalafón Secundario (funcionarios, receptores, defensores públicos y notarios).

La mayoría de esos funcionarios nunca había tenido un reparo en su hoja de vida.

Otra gran cantidad de jueces y empleados, aunque no salieron del Poder Judicial, fueron sancionados con medidas disciplinarias o se los puso en Lista Dos, que equivalía a describir su desempeño como "regular". Es lo que ocurrió al caso del magistrado Alejandro Solís, quien ejercía en Illapel. El actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, elegido mejor juez por los abogados en 1991, fue puesto en lista Dos por la presunción de que no apoyaba a las nuevas autoridades 17.

El trabajo presentado al Colegio de Abogados por Mario Rossel, concluye que desde el mismo 11 de septiembre fue violado el principio de inamovilidad", aun cuando estuvo consagrado en la ley por lo menos hasta diciembre de ese mismo año, conforme a la disposiciones de la Constitución de 1925. Ésta, así como las leyes derivadas de ella establecen causales muy precisas para dar curso a la remoción de magistrados.

Pero el 6 de diciembre de 1973 se dictaron los decretos leyes 169 y 170, que modificaron las normas constitucionales y permitieron que la Corte Suprema calificara a los magistrados y funcionarios en tres listas. En la Lista Uno pondría a los meritorios; en la Dos, a los satisfactorios, y en la Lista Tres, a los Deficientes, quienes serían automáticamente removidos del Poder Judicial.

Los decretos establecieron que nuevas calificaciones se harían el 2 de enero de cada año, en audiencia y votaciones "secretas"; que contra la calificación no sería posible interponer "recurso alguno", y que los magistrados podrían ser incluidos en Lista Tres por "simple mayoría" (se rebajó el quorum) de los ministros de la Corte Suprema.

Los cambios otorgaron a la Corte Suprema facultades para remover a los magistrados y funcionarios "sin forma de juicio" alguno, sin "darles la posibilidad de conocer los cargos que se les formulaban" y, por lo tanto, sin brindarles la elemental garantía de contestar las acusaciones.

"Así, se consagra un procedimiento inquisitorial, digno de la etapa más oscura de la justicia Medieval, que vulnera las garantías más esenciales de toda administración de justicia (...) Al amparar a los juzgadores con el anonimato, no sólo se vulnera un elemental principio ético, sino también la fundamental base de la administración de justicia que se denomina el principio de responsabilidad, base que entraña por esencia que todo juzgador debe responder de que lo que resuelva se ajuste a derecho, lo que salvaguarda de cualquier arbitrariedad" 18.

Es lo que denunciaba el estudio presentado al Colegio de Abogados, pero las votaciones sobre las calificaciones de los magistrados continuaron siendo secretas hasta el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Al iniciarse 1974, en una actitud sin precedentes, la Corte Suprema incluyó en Lista Tres, por su desempeño durante 1973, a numerosos magistrados, ministros de cortes de apelaciones, relatores, fiscales y jueces, quienes quedaron inmediatamente y sin derecho a reclamo, despedidos.

La redacción de los decretos 169 y 179 habría sido sugerida desde la misma Corte Suprema que ya, desde antes de que entraran en vigencia, había enviado a ministros "visitadores" a las cortes del país para "fiscalizar" a sus funcionarios. Además había aprobado, inmediatamente después del Golpe, la decisión del Ejecutivo de trasladar, sin dilaciones, a innumerables magistrados, varios de los cuales después terminaron siendo expulsados.

Los traslados, efectuados profusamente a fines de 1973, importaron una degradación moral y cotidiana para los afectados, que debieron dejar casa, familia y círculo social para cumplir las funciones, aunque fueran las mismas, en otras jurisdicciones.

Entre los traslados más dramáticos estuvo el de Julio Aparicio Pons, la primera antigüedad entre los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. El ministro, a pesar de sus méritos, cayó en desgracia ante sus superiores por haber aceptado la titularidad del Tribunal del Cobre, creado por Allende para regular los juicios por indemnizaciones en contra de las expropiaciones mineras

Al 11 de septiembre, por antigüedad y mérito, Aparicio debió haber ascendido a la Corte Suprema. Sin embargo, para evitar su nombramiento, el máximo tribunal puso a otro en la quina, que se estimó más antiguo que él, sólo por provenir de la Corte de Magallanes. Como este último no tenía condiciones para el cargo, al poco tiempo fue obligado a jubilar.

Aparicio fue rebajado a fiscal de la Corte de Rancagua el 14 de marzo de 1974. Los ministros de la Corte Suprema pensaron que el nombramiento, por su avanzada edad, lo obligaría a jubilar. Pero el magistrado no hizo tal. Todos los días viajaba de Santiago a Rancagua, hasta que su estado de salud se agotó. Al retirarse, envió una sentida carta a sus colegas de la corte capitalina. Murió poco después de un infarto.

La ministra Violeta Guzmán Farren fue enviada desde la Corte de Santiago a la de Concepción, pero se salvó de la remoción. Hoy está de vuelta en la corte capitalina.

El estudio del Colegio registra otros dieciséis casos de ministros y relatores de Corte que fueron degradados con el traslado, la mayoría de los cuales fue finalmente expulsado o renunció.

En la categoría de jueces, entre 1973 y 1975, salieron del Poder Judicial ventiocho jueces, ventiocho secretarios de juzgados, tres relatores y dos secretarios de cortes de apelaciones. Entre los de funcionarios, abandonaron el servicio 180 empleados de secretaría, juzgados y cortes; doce receptores; cuatro defensores públicos, y un notario.

El resto de la magistratura no reaccionó contra la depuración por temor o bien porque opinaban que sus superiores actuaron con prudencia, castigando estrictamente a quienes efectivamente se excedieron en sus manifestaciones políticas en favor de la Unidad Popular.

El 1° de marzo de 1975, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, inauguró un nuevo año judicial anunciando su retiro. En su discurso valoró la homologación de la carrera judicial con la Escala Unica que regía entonces sólo para los funcionarios públicos. Y criticó el escaso tiraje dentro de la carrera judicial, por la inexistencia de límite de edad para jubilar y por la inamovilidad de que gozaban los jueces.

En su despedida, ante su público compuesto por autoridades militares y magistrados, dijo:

"Como primera expresión declaro, con la veracidad que me exige la solemnidad de este acto, que los tribunales han continuado actuando con la independencia que les confiere la ley, según su real saber y entender, ajenos a toda intromisión del gobierno que ahora rige al país" 19.

Urrutia quiso rubricar con broche de oro su carrera, y decidió aceptar el ofrecimiento del gobierno para asumir la embajada en Francia, pero las autoridades galas le negaron el beneplácito.

La increíble historia del juez Acuña

Todos los días, a las siete de la tarde, El Lito tomaba su desvencijada bicicleta y se iba a pasear por el camino alto, que da a Pisagua Viejo, hasta llegar al centro del cementerio.

Angel de la Cruz Venegas, El Lito, era bien conocido en ese desértico pueblo a orillas del mar, entre Arica e Iquique. Aseaba el retén de Carabineros en que trabajaba su hermano, el sargento Juan de Dios de la Cruz. Pese a que arrastraba una condena de presidio de cinco años y un día por "hurtos reiterados", El Lito podía recorrer el pueblo sin problemas. En pleno Estado de Sitio, a él nadie le impedía llegar al cementerio.

Un día vio "a varias personas que corrían y les disparaban por la espalda. Estas eran como tres personas y luego que les dispararon, los ensacaron (...) Las personas que dispararon eran militares. También vi, en una ocasión, que en la Gobernación a varios detenidos les sacaban las uñas. Recuerdo que Mario Acuña, a quien ubico, era quien daba las órdenes" 20.

Se refería al juez Mario Acuña Riquelme. Este personaje inició su carrera en Santiago, y de su paso por los tribunales de San Miguel quedó la memoria de grandes defensores y severos detractores suyos. Había quienes lo calificaban de "brillante", pero la Corte Suprema acogió reclamos por su mala gestión y lo trasladó a Iquique al comenzar los ´70.

Abogados que lo conocieron como titular del Primer Juzgado de la capital nortina afirman haberlo visto varias veces borracho en su oficina. Muchas otras muchas cosas vieron. El Consejo de Defensa del Estado incluyó su nombre, junto al del presidente de la Corte Iquiqueña, Ignacio Alarcón, y otros importantes magistrados, como parte de una lista de jueces vinculados con el narcotráfico.

En 1972, tras recibir la queja del CDE, la Corte encomendó al ministro Enrique Correa Labra, que se trasladara al norte a investigar. El magistrado contó con la ayuda en Iquique del abogado Procurador Fiscal (el representante del CDE), Julio Cabezas Gazitúa. En Santiago, con la del abogado Manuel Guzmán Vial. Agentes del Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA), entre otras entidades, también habían reunido información sobre los magistrados mientras buscaban desbaratar una red de tráfico de drogas y contrabando entre Chile y Bolivia.

Correa Labra estuvo ocho meses en el norte. Al volver, emitió un grueso informe y la Corte Suprema intervino destituyendo al presidente de la Corte iquiqueña y al fiscal de ese tribunal, Raúl Arancibia. Otro grupo, probablemente para no generar un escándalo, sólo fue trasladado o amonestado.

Acuña se salvó. Sin embargo, el magistrado sabía perfectamente que el abogado Cabezas había sido el promotor de las acusaciones en su contra y que todavía le quedaba carga por usar.

Cabezas –45 años, casado, cuatro hijos– era considerado un abogado brillante, un funcionario "de dedicación ejemplar" 21, que actuaba además como jefe del Servicio de Asistencia Judicial en Iquique.

En 1973, Cabezas y el director de Odeplán, Freddy Taberna, tenían pruebas suficientes de los vínculos de Acuña con los dos poderosos narcotraficantes que dirigían las operaciones de tráfico y contrabando entre Chile y Bolivia y que, por su peso económico, incluso habían llegado a ser miembros de la Cámara de Comercio de Iquique: Nicolás Chánez y Doroteo Gutiérrez 22.

Ambos transportaban diariamente desde Santiago al norte toneladas de azúcar, café, harina, conservas, mantequilla, medias, ropa y medicinas, entre otros productos obtenidos ilícitamente. Era el tiempo de las colas y la escasez bajo el gobierno de la Unidad Popular.

Los camiones con la carga prohibida se dirigían a dos pueblos limítrofes: Cancosa y Colchane. Las inmensas bodegas en que la mercadería era almacenada dominaban el paisaje de ambos caseríos, cuyas poblaciones sumadas no llegaban a los 150 habitantes. En la frontera, los chilenos entregaban los insumos a traficantes bolivianos, quienes les pagaban con grandes cantidades de cocaína semielaborada. Los alimentos y medicinas se iban a Oruro y luego eran distribuidos en Santa Cruz y La Paz. El sulfato de cocaína era internado en Iquique para su elaboración.

Antes del 11 de septiembre, Chánez y Gutiérrez fueron detenidos repetidamente por contrabando y narcotráfico, pero obtuvieron la libertad con facilidad gracias a sus vínculos con el ministro IgnacioAlarcón, el juez Acuña y su actuario Raúl Barraza. Este último Barraza había sido descubierto in fraganti por la policía trabajando de noche en el procesamiento de la cocaína en un laboratorio que tenía en su propia casa, en Wilson 151. Su superior, el juez Acuña, fue vinculado por la investigación policial con la gestión del tal laboratorio.

Pesaban en la carpeta que el CDE tenía sobre el magistrado otro tipo de corruptelas. Se comprobó que desde mayo de 1970 el magistrado cobraba asignación familiar por su cónyuge, aunque ésta no tenía derecho a ella, pues era funcionaria de la Corfo. Además, había informado al Servicio de Impuestos Internos que su esposa no trabajaba, con el solo fin de rebajar el pago de impuestos.

Acuña adquirió en forma fraudulenta varios automóviles, haciendo uso de una franquicia que por entonces era derecho exclusivo de los residentes en Arica. Y pagó parte de uno de esos vehículos con un cheque del comerciante Raúl Nazar, que estaba encausado por estafa en su propio tribunal y que quedó libre "por falta de méritos" justo después de extender ese documento.

El magistrado recibió regalos de navidad, ante testigos, de otro conocido narcotraficante iquiqueño, Francisco Manríquez Valenzuela, "El Gallina".

El abogado Julio Cabezas, sabía también, y lo informó a la Corte Suprema, que el 7 de abril de 1972, el juez Acuña viajó junto al narcotraficante Pascual Gallardo, a Santiago y que ambos abordaron un vehículo que los esperaba en el aeropuerto Pudahuel, con destino desconocido.

Gallardo había sido inculpado como parte de una banda de narcotraficantes descubierta en 1969 en una causa que tuvo en su poder el juez Acuña. Poco después, sospechosamente, se presentó en Santiago una querella por estafa en contra de uno de los encausados. Eso significaba que el proceso por narcotráfico debía salir del tribunal iquiqueño y ser enviado la capital. En el viaje, el actuario designado para trasladar el expediente lo perdió sin explicación plausible. Ya no importaba mucho. Los documentos que inculpaban a Gallardo se habían extraviado antes, desde las propias oficinas del juzgado iquiqueño.

Gallardo nunca fue procesado.

Pese a sus antecedentes, la Corte Suprema autorizó al juez MarioAcuña para que, inmediatamente después del 11, se constituyera como fiscal en los Consejos de Guerra en el norte grande. Al personaje, le gustó, por supuesto, la nueva investidura. El mismo día del Golpe llegó vestido con uniforme de comando al tribunal, que siguió atendiendo paralelamente por un breve lapso. En ese período, sus subalternos también debían lucir trajes militares cuando lo acompañaban a la "fiscalía".

El juez Acuña fue uno de los pocos magistrados elegidos para tan inusual misión y él iba a aprovecharlo.

Mediante llamados radiales, el abogado JulioCabezas fue convocado por bando para presentarse ante las nuevas autoridades militares junto a los más importantes dirigentes políticos de la zona. Cabezas, que no tenía militancia política ni "tendencia revolucionaria alguna" 23, se autodefinía entonces como simpatizante DC y, como tal, había sido un opositor al gobierno de Allende. Pero su nombre, para extrañeza de abogados y jueces, se repetía por las radios junto al de los máximos jerarcas de la Unidad Popular.

El 14 de septiembre, terminado el toque de queda absoluto, el profesional decidió entregarse. Ese día se reunió con un grupo de ocho profesionales que hacían su práctica profesional en el Servicio de Asistencia Judicial. En el segundo piso de los tribunales iquiqueños, Cabezas dio tareas a sus alumnos. Entre ellos estaban el actual ministro de la corte ariqueña Javier Moya y los abogados Valdemar de Lucky, Juan Rebollo, Ernesto Montoya, Enrique Castillo e Ismael Canales.

–Yo vengo luego. Sigan con los casos, que voy a revisar lo que han hecho a la vuelta –les dijo 24.

Cabezas no dejó reemplazante. Con una frazada en un brazo y un chaquetón de castilla en el otro salió caminando hacia la Sexta División de Ejército. Algunos de sus alumnos –con quienes le gustaba tener irónicas discusiones intelectuales, pues los jóvenes eran mayoritariamente partidarios de la UP– lo acompañaron hasta la puerta del regimiento. El abogado creía que su nombre había sido incluido por error y que quedaría libre de inmediato.

El error era suyo.

Fue hecho prisionero y trasladado al campamento en Pisagua. Sus celadores lo golpearon mientras permanecía colgado, le quemaron la piel con cigarrillos, lo lanzaron desde un cerro encogido dentro en un barril sin tapas, le quebraron un tobillo, le hicieron fusilamientos falsos. Cabezas presintió su muerte. Logró enviar un mensaje a Santiago pidiendo la intervención de sus colegas del Consejo de Defensa del Estado. La mayoría de los consejeros del CDE estaba en la oposición al gobierno de Allende y apoyaban la intervención militar, pero acogieron su súplica, pues sabían que Cabezas no era izquierdista.

Manuel Guzmán Vial fue el encargado de redactar un oficio al Jefe de Zona en Estado de Emergencia en la zona de Tarapacá, general de brigada Carlos Forestier. El documento daba cuenta de la excelente calidad profesional del representante del CDE en Iquique y de sus cualidades como un hombre "de Paz".

Forestier no respondió 25.

El 10 de octubre el nombre de Julio Cabezas apareció en un nuevo comunicado. Esta vez, en una convocatoria a Consejo de Guerra.

El Colegio de Abogados había establecido un sistema de defensa gratuito para los prisioneros y le nombró un representante: su propio alumno en el consultorio jurídico, Ernesto Montoya. El joven viajó en una avioneta militar a Pisagua. La nave partió a las 19 horas. El Consejo estaba fijado al día siguiente, el 11 de Octubre, a las cinco de la madrugada.

El joven abogado esperaba poder entrevistarse con su profesor, pero se le dijo que estaba "incomunicado". Quiso ver el expediente, pero los militares estaban cenando. Sólo pasadas las 23 horas y por diez minutos, se le permitió examinar unas hojas que parecían ser una confesión de Cabezas ante el fiscal Acuña. Los papeles decían que Cabezas admitía su vinculación con el Plan Zeta (que luego se demostraría inexistente) y con el acopio de armas.

Montoya intentó una defensa. Alegó con vehemencia, pero los militares estaban borrachos y permanecieron indiferentes a sus argumentos. El Consejo de Guerra condenó a Cabezas a la pena de muerte.

El capellán de Pisagua se acercó a Montoya y le confesó que Cabezas ya estaba muerto. El abogado no quería creerlo, pero hacia fines de los ‘70, ante insistentes gestiones de la familia, las autoridades militares extendieron documentos oficiales en que reconocían la fecha real de la muerte y decían que Cabezas fue "ajusticiado" por "alta traición a la Patria" el 10 de Octubre, junto a otros cuatro detenidos

El expediente del supuesto Consejo de Guerra nunca apareció.

En 1990 el cuerpo de Julio Cabezas fue hallado en las fosas clandestinas descubiertas en Pisagua. Otra vez el abogado Montoya estuvo junto a su ex profesor. Como abogado del arzobispado, acompañó a los profesionales de la Vicaría de la Solidaridad que lograron la ubicación de las osamentas.

También murió en Pisagua el ex director de Odeplán, el socialista Freddy Taberna, quien había investigado al juez Acuña junto a Cabezas.

No fueron los únicos. Dos funcionarios del Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA) fueron ejecutados en el mismo campamento. Justo antes del Golpe de Estado, el DIA estaba precisamente tras los pasos del contrabando de cocaína por el corredor Oruro-Iquique. Ya entonces los profesionales, motejados por La Tercera como los "intocables chilenos" 26, creían que Chile se estaba convirtiendo en un "pasillo" para el contrabando del clorhidrato.

El grupo aduanero actuaba en coordinación con la agencia estadounidense antinarcóticos (DEA) y varios de sus miembros fueron entrenados en Estados Unidos, como parte de una de las pocas áreas de cooperación entre ambas naciones, cuando en Chile gobernaba Allende y en el país norteamericano, Richard Nixon. El Golpe sorprendió en el norte a unos ocho agentes de este servicio. Entre ellos, Juan Efraín Calderón, militante socialista, quien fue ejecutado en un supuesto intento de fuga, junto a su colega y amigo, Juan Jiménez, pese a las intervenciones en su favor del delegado de la DEA en Chile, George Frangullie.

El cuerpo de Calderón apareció en las fosas en Pisagua amarrado de pies y manos y con una venda sobre los ojos. Testimonios de otros ex prisioneros permitieron determinar que los agentes no intentaron huir, sino que fueron escogidos de entre los presos para ser fusilados, sin expresión de causa.

Un grupo de narcotraficantes, que había formado parte de las investigaciones de la DIA, la policía y el CDE en los ‘70, también fue capturado en la asonada militar. Los detenidos, acusados de delitos comunes, fueron trasladados a Pisagua junto al resto de los prisioneros políticos. En el campamento, controlado en buena parte por el fiscal Acuña, recibieron un trato especial. Pero sólo por un tiempo.

En este grupo figuraba Francisco Manríquez, "El Gallina", quien había hecho regalos de Navidad a Mario Acuña, y el poderoso Nicolás Chánez, la cabeza visible de opulenta red de narcotráfico Oruro-Iquique, varias veces liberado gracias a la benevolencia de los tribunales. Junto a ellos, cayeron prisioneros Hugo Martínez, Juan Mamani y Orlando Cabello.

José Ramón Steinberg. médico cirujano, reveló lo siguiente:

"En el mes de enero de 1974, llegaron a Pisagua diez personas de quienes se nos dijo eran traficantes de drogas. De estos diez, nueve fueron fusilados por el fiscal Acuña y su equipo integrado por los militares Aguirre, Fuentes y el carabinero Barraza y el teniente Muñoz. Estos fueron fusilados en el cementerio de Pisagua, siendo conducidos hasta ese lugar en un jeep militar, lo que yo vi y me consta por la información que me dio uno de los practicantes, quien me dijo que los mataban de a dos y esto lo presenciaban otros dos traficantes que serían fusilados después" 27.

En 1990, los cuerpos de los "coqueros" fueron encontrados junto a los de los prisioneros políticos en las fosas en Pisagua.

El proceso iniciado por ese hallazgo permitió conocer otras acusaciones en contra de Acuña. El 26 de septiembre, un grupo de conscriptos allanó la casa del doctor Steinberg. Los militares lo arrestaron diciéndole que "el fiscal" quería hablar "unas palabritas" con él. Fue llevado al Regimiento Telecomunicaciones y luego al campamento de Pisagua.

"El día 12 de octubre de 1973 me tocó a mí el turno para ser interrogado y fui, igualmente, golpeado, sometido al ‘fusilamiento simulado’ y otras torturas, estando con la vista vendada e interrogado por el fiscal Acuña" 28.

Cerca de las cuatro de la tarde del 16 de enero de 1974, llegó a Pisagua Isaías Higueras Zúñiga. Los uniformados a cargo del campamento le dieron "instrucción militar", obligándolo a realizar ejercicios físicos. Por la noche, lo interrogaron bajo torturas.

El doctor José RamónSteinberg recuerda que cerca de la una de la mañana del 17, fue llamado de urgencia a la enfermería para que hiciera un chequeo médico a Higueras. Cuando preguntó qué le había pasado al prisionero, un suboficial le respondió: "Militarmente, se cayó".

El médico constató que el preso estaba sufriendo un infarto. Indicó a los enfermeros que le inyectaran un "vaso dilatador y un tranquilizante", pero el fiscal Acuña, después de preguntar a los militares qué efecto tendrían esos medicamentos, negó autorización para el tranquilizante.

–Es que tengo que seguir interrogándolo, –explicó.

–Pero no puede seguir interrogándolo en estas condiciones. El paciente debe permanecer en reposo absoluto, –replicó el médico.

Acuña se volvió hacia los enfermeros y les ordenó:

–Déjenlo aquí quince minutos. Después me lo llevan a la Fiscalía.

El médico volvió a su habitación. Cuatro horas más tarde los soldados lo despertaron otra vez y lo llevaron a la enfermería. Higueras había muerto.

Los enfermeros militares dijeron a Steinberg que cerca de las cinco de la mañana el prisionero había pedido permiso para ir a orinar y que cuando volvió a acostarse, murió. Le aseguraron que nunca lo llevaron de regreso a la fiscalía.

El doctor tomaba constancia del fallecimiento, cuando el ex juez Acuña apareció nuevamente en la enfermería.

–¿Qué pasa?

–Esta persona ha muerto –respondió el doctor.

–¿Usted sabe cuáles son las causas?

–Tal como le dije antes, esta persona sufrió un infarto.

–¿Usted puede certificarlo?

–Claro..., pero además habría que hacer una necropsia.

–No. Aquí no hay condiciones para eso 29.

José RamónSteinberg extendió el certificado de defunción diciendo que la causa inmediata de la muerte había sido un "infarto del miocardio", provocado por "stress físico emocional". Esa fue su manera científica de describir las torturas.

Hay no pocas historias más que podrían agregarse al prontuario de este tenebroso personaje 30.

Terminada su labor como fiscal, el juez Acuña se retiró del servicio y se dedicó al ejercicio libre de la profesión. Por esos años, se jactaba en el foro de su amistad con el general Carlos Forestier –Forestier "admiraba" a Acuña 31– y con el propio general AugustoPinochet, asiduo visitante de Iquique.

Entre 1975 y 1976 no había quien discutiera su poder e influencia en la capital nortina. Pero el exceso de alcohol lo enfermó de cirrosis y diabetes. Su familia lo abandonó. Los mismos abogados que lo vieron antes en la cima del poder, se encontraban ahora con su cuerpo alcohólico tirado en alguna calle iquiqueña.

En 1988 el juez Raúl Mena lo encargó reo por el homicidio calificado del gendarme Villegas. El abogado Montoya representó a la familia del ex prisionero de Pisagua. A Acuña lo defendió su amigo, el ex presidente de la Corte iquiqueña, el destituido Ignacio Alarcón.

Cuando el caso llegó a la Corte de Apelaciones de Iquique, el tribunal nortino declaró que estaba cubierto por la Ley de Amnistía. La Vicaría de la Solidaridad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero el proceso fue enviado a la justicia militar. Desde entonces no se ha vuelto a saber de Acuña en Iquique. Alarcón murió en 1997.

Fue la Corte Suprema quien autorizó a los jueces ordinarios a integrar los Consejos de Guerra. El ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad Roberto Garretón recuerda con tristeza no sólo las intervenciones del temido Mario Acuña. También la del Juez de Temuco, Hugo Olate. "Hubo algunas excepciones –afirma–, como las del Juez de Antofagasta Juan Sinn y la jueza de Quillota Olga Vidal, quienes, obligados a integrar los Consejos, hicieron esfuerzos por mitigar la crueldad y las irregularidades de los integrantes militares" 32. Otros, como Rubén Ballesteros, Berta Rodríguez, Patricia Roncagliolo, Elba Sanhueza y Mario Torres, si bien muchas veces trataron de influir para rebajar las enormes penas que proponían los integrantes castrenses de los Consejos, en los aspectos de fondo suscribieron las tesis del régimen. Particularmente la aplicación retroactiva de la ley penal, con los aumentos de pena establecidos para el Estado de Guerra, para hechos ocurridos entre el 11 y el 21 de septiembre, a pesar de que ese estado comenzó a regir sólo desde el 22 de septiembre.

Este último aspecto no es menor si se considera que cientos de personas fueron detenidas y condenadas en Consejos de Guerra por presuntos hechos ocurridos en ese breve período de diez días.

Un curco quedó en la Historia

El ministro Eyzaguirre, quien reemplazó a Urrutia Manzano en la presidencia de la Corte Suprema, mantuvo una postura ambigua hacia el gobierno militar. Públicamente aparecía como un partidario del nuevo régimen. Participaba religiosamente en todas las fiestas a que era invitado por las autoridades. Defendió la tesis de que los detenidos desaparecidos habían salido del país o se mantenían bajo identidades falsas, pero al mismo tiempo, fue el autor de votos de minoría que coincidían con los argumentos de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad.

Bajo su presidencia el titular del 11° Juzgado del Crimen dio cuenta a sus superiores de la Corte de Apelaciones de las dificultades que estaba teniendo para continuar sus averiguaciones sobre la DINA, pues el gobierno le había informado que no procedía citar a los miembros de la policía secreta. La Corte de Apelaciones discutió el asunto y concordó que no había ninguna disposición vigente que diera fuero a esos agentes y que no sólo procedía citarlos, sino que, llegado el caso, procesarlos. La conclusión era tan sólida que fue respaldada en un acuerdo similar por la Corte Suprema.

Sin embargo, a los pocos días el mismo tribunal se desdijo y envió nuevas instrucciones a las corte pidiéndoles que se abstuvieran de indagar a los integrantes de la DINA. Los ministros de la Corte de Santiago se enteraron más tarde que el gobierno había alegado ante el tribunal superior que una policía secreta requería respaldo y no persecución. No era adecuado que los agentes, gracias a los cuales "estaban vivos y sin novedad" los miembros de la Junta de Gobierno, quedaran expuestos 33.

En su último discurso de inauguración del año judicial, en marzo de 1978, Eyzaguirre dijo que auguraba un "oscuro porvenir" a la judicatura si no se adoptaban medidas rápidas para mejorar su situación.

El magistrado tocó temas que más tarde formarían parte de los proyectos de reforma del Gobierno de Aylwin. Pidió la autonomía económica para el Poder Judicial, destacando que el porcentaje del presupuesto nacional asignado al sector había vuelto a decrecer y llegaba al límite de un 0,59 por ciento. Señaló el abuso del recurso de queja que estaba convirtiendo a la Corte Suprema en una tercera instancia. Propuso la creación de un Ministerio Público. Indicó que desde que la Corte funcionaba en tres salas (bajo el gobierno militar) se producían sentencias contradictorias y abogó por la unidad en la jurisprudencia, como una de las funciones esenciales del máximo tribunal.

Al despedirse, dijo que la nueva constitución que se estaba preparando y en cuyas subcomisiones participó "debe contar con la aceptación mayoritaria de aquellos a quienes va a regir" 34. Se atrevió a demandar un mayor grado de independencia a los tribunales para que pudieran ser "los efectivos guardianes de los derechos y garantías de todos los ciudadanos".

En la presidencia, lo reemplazó Israel Bórquez, público partidario del gobierno militar, quien dejó inscrita en la Historia una frase memorable pronunciada en 1978: "¡Los desaparecidos ya me tienen curco! ¡Pregúntenle a la Vicaría!".

Bórquez fue el encargado de analizar las extradiciones solicitadas por Estados Unidos en el caso Letelier y rechazó entregar a la justicia estadounidense a los jefes de la DINA, pero en el mismo fallo dejó establecidas contradicciones y aseveraciones inverosímiles en que cayeron los imputados. El ministro envió los antecedentes a la justicia militar y éstos sirvieron de base para el proceso que una década más tarde dirigiría Adolfo Bañados.

En su primer discurso, en 1979, Bórquez, pese a su conocida postura política, se quejó en contra de las modificaciones al Código de Procedimiento Penal que establecieron que las inspecciones a recintos militares deberían realizarla los jueces a través de la justicia militar, limitando las facultades de los magistrados. Dijo:

"En las circunstancias actuales, en que el país sufre tantos y mal intencionados ataques de orden político en el exterior, es mi opinión personal que debiera restablecerse en este asunto la situación que existía (previamente). La Justicia Ordinaria de nuestra patria merece la confianza de la ciudadanía" 35.

Pero sus palabras cayeron en el vacío. Con Mónica Madariaga en el Ministerio de Justicia y una ley de Amnistía para cubrir los delitos cometidos entre 1973 y 1978, se iniciaba una nueva década.

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(Notas de pagina todavia no estan disponibles) Fin del capitulo 4